Juzgado Municipal de Coaña

Los Juzgados Municipales se instituyen por la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 15 de septiembre de 1870, que dispone su existencia en todos los municipios en sustitución de los juzgados de paz, asumiendo las funciones desarrolladas hasta entonces por éstos y dependiendo directamente del Juzgado de Primera Instancia del correspondiente Partido. La Ley de Justicia Municipal de 1907 otorga el perfil definitivo a estas instituciones. En virtud de la misma, se establece, en cada término municipal, un juzgado constituido por juez, fiscal y secretario, al lado del cual actuaría un Tribunal Municipal formado por el juez y dos adjuntos; salvo en las poblaciones donde existiese más de un Juzgado de Primera Instancia, en las que el número de juzgados y tribunales municipales sería igual al de aquéllos. Tanto juzgados como tribunales municipales funcionaban simultáneamente, aunque la decisión de los litigios era de la exclusiva competencia éstos. Dicha situación se mantiene hasta 1923, año en el que se suprimen los tribunales, desapareciendo la figura de los jueces adjuntos, y los juzgados asumen sus competencias. A lo largo de su desarrollo institucional tuvieron asignadas las siguientes atribuciones: actos de conciliación; juicios verbales civiles en asuntos de menor cuantía; juicios de desahucio; juicios de faltas; diligencias previas sobre delitos cometidos en su jurisdicción hasta la intervención del juez de Instrucción; ejecución de sentencias y resoluciones; ejercicio de comisiones auxiliadoras de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción; asuntos de jurisdicción voluntaria, bien en exclusiva bien como comisionados del Juez de Primera Instancia; llevanza del Registro Civil en el correspondiente término municipal, así como las diligencias previas de inscripción posesoria de fincas en el Registro de la Propiedad del Partido. En virtud de la Ley de Bases de Justicia Municipal, de 19 de julio de 1944, aparecen, en al ámbito local, los juzgados comarcales, a cargo de jueces técnicos, con las mismas atribuciones que los municipales, en los municipios que fueran centros o capitales de comarca, en tanto se mantienen los juzgados municipales en las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes (el límite se amplia a 30.000 en 1967). A lo largo de esta segunda etapa, los juzgados municipales aumentan ligeramente sus competencias al asumir la función inspectora sobre los juzgados de Paz, restablecidos por la mencionada Ley de 1944. Los juzgados municipales se suprimen por R.D. de 29 de julio de 1977, en virtud del cual se crean los juzgados de distrito, en sustitución tanto de los juzgados municipales como de los comarcales. El Juzgado Municipal de Coaña surge en 1870 como reconversión del Juzgado de Paz anterior, formando parte del Partido Judicial de Castropol en el que funciona normalmente como Juzgado y Tribunal hasta 1945, en que, a raíz de la Orden de 24 de marzo de ese año (puesta en práctica en el mes de noviembre) desaparece como tal. Entonces, se convierte en Juzgado de Paz bajo la dependencia, en un primer momento, del comarcal de Boal, en el mismo Partido Judicial. La institución no vivió, por tanto, la segunda etapa señalada anteriormente salvo en el plazo de menos de un año a partir de la Ley de Bases de 1944. Por Orden de 13 de enero de 1953 se suprimió el comarcal de Boal, que se agregó con sus juzgados de paz al comarcal de Castropol. La evolución posterior como Juzgado de Paz, puede consultarse en la ficha descriptiva correspondiente a ese fondo.

Se desconoce la historia concreta de su custodia, pero al convertirse el Juzgado Municipal en Juzgado de Paz a raíz de la Orden de 24 de marzo 1945, y dada la evidente ligazón de éste último con el Municipio (al actuar los Alcaldes o Tenientes como jueces legos), la documentación permaneció en el Ayuntamiento, entremezclándose la correspondiente a sendos órganos judiciales. Se mantuvo almacenada en algún local del edificio del antiguo Consistorio (actual Archivo Municipal) en pésimas condiciones, lo que originaría pérdidas significativas por desidia y abandono, según se deduce de la existencia de importantes lagunas cronológicas en algunas series bien conformadas. En época actual, fue objeto de una intervención parcial realizada por objetores de conciencia a instancia del propio Ayuntamiento que destruyó en buena medida el orden original de producción de algunas series y documentos, y en general, dificultó su organización posterior. En ese estado, el fondo fue recogido del sótano superior del edificio del Ayuntamiento y trasladado a dependencias de la Consejería de Educación y Cultura del Principado para su tratamiento archivístico a cargo de Ana Rúa-Figueroa en octubre de 2000, y retornado a instalaciones municipales en enero de 2001, una vez concluido éste. De este tratamiento quedaron excluidos los documentos en soporte librario (excepto algunos que por haber perdido su encuadernación, se hallaban enlegajados con el resto) que el Ayuntamiento no entregó en dicha ocasión.

Las series más voluminosas son, por este orden: juicios verbales civiles (1871-1945), actos de conciliación (1872-1945) y juicios de desahucio (1877-1945), todas ellas correspondientes a la subsección jurisdicción contenciosa civil, a las que siguen los juicios de faltas, los Expedientes de información posesoria del Registro de la Propiedad (1873-1943) y las series correspondientes a Registro Civil. De todas ellas puede extraerse abundante información sobre la vida económica y social de la localidad, así como datos relacionados con la ideología, mentalidades, vida cotidiana, demografía, geografía y evolución de la propiedad y de la riqueza local. De los órganos de Gobierno y régimen interior del Juzgado se conservan algunos expedientes de provisión de cargos (1883-1888), correspondencia (1881-1945) y registros de la misma (1889-1932).

Cuadro de clasificación orgánico-funcional normalizado para fondos de carácter judicial elaborado por la Sección de Archivos de la Consejería e Educación y Cultura del Principado de Asturias.

Libre acceso, con las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.

Parte de la documentación (aprox.20%) presenta un estado de conservación malo o muy malo. Sufre descomposición por hidrólisis, por lo que el papel se encuentra muy reblandecido, en ocasiones hasta la desintegración, y está muy afectada por microorganismos y por maltrato mecánico (presión, dobleces, gomas y ataduras) Igualmente, más de un 40% ha perdido por las mismas causas sus sellos o pólizas.

Inventario general y registro topográfico elaborado en 2001 por Ana Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castropol.

Descripción realizada por Ana Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa

12 / 2000